Santo Domingo, República Dominicana; (marte 4 de febrero de 2025).- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional declararon la extinción penal del proceso contra el inversionista canadiense Antonio Carbone, por supuestamente intentar matar a su exempleado Fernando Arturo Báez Guerrero.
Los magistrados adoptaron la medida por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso seguido al empresario extranjero.
La decisión judicial está amparada en el artículo 148 del Código Procesal Penal, que contempla que la duración máxima de todo proceso es de tres años, a partir del inicio de las investigaciones.
El abogado del empresario, Roberto Rosario, expresó que Carbone se quitó un gran peso de encima.
Indicó, además, que con la decisión la justicia dominicana sienta un precedente de que en el país se puede tener esperanza de que ese poder del Estado actúe, aunque dijo que fue un poco tardío.
"Esta medida se adoptó por el largo periodo en que fue arrastrado el señor Antonio Carbone, que duró 9 años y cuatro meses en estado de prisión y que al día de hoy tiene exactamente 10 años y varios días con medidas de coerción, porque, aunque logró pasar la prisión preventiva, ha tenido que estar con un grillete", afirmó el jurista.
Roberto Rosario dijo que fue sabia la decisión adoptada por unanimidad por el tribunal que preside la magistrada Claribel Nivar Arias y está integrado, además, por Yissel Soto y Clara Sobeida.
El togado enfatizó que la declaratoria de extinción del proceso contra Antonio Carbone es una decisión que tendrá un peso importante no solamente en el caso del empresario, sino también en el de cientos o miles de ciudadanos que están recluidos en las prisiones por procesos tediosos que a veces se llevan a cabo por fallas del proceso judicial o por artimañas de la parte querellante que se une con el Ministerio Público para buscar la forma de alargar el proceso.
De su lado, el inversionista indicó que se hizo justicia porque fue una víctima del sistema y de una trama que se orquestó en su contra.
Precisó que ahora espera que se acate la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que ordena la devolución de sus bienes valorados en más de $580 millones de dólares
Agradeció el trabajo de sus abogados Roberto Rosario, Hotoniel Bonilla y Luis Jiménez Burgos, quienes, dijo, fundamentaron su defensa en el derecho.
