Por: Rogel Soto
SANTO DOMINGO. – En un giro significativo para la resolución de un conflicto inmobiliario que se prolonga por años, un reciente informe técnico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) ha confirmado la falsedad de la firma manuscrita atribuida al fallecido José Ozuna De Sena, quien figuraba como "vendedor" en una transacción de la Parcela No. 39-B-Reformada-5, valorada originalmente en 1977.
La experticia, realizada por el Departamento de Documentoscopia del INACIF bajo el informe No. D-8362-2825, empleó métodos grafonómicos de precisión, dictaminando que la rúbrica presentada en dicho documento legal carece de autenticidad al no coincidir con los patrones caligráficos genuinos del difunto. Este dictamen es la piedra angular del Ministerio Público en su solicitud de apertura a juicio contra la constructora AP. Desarrollo Inmobiliario, S.A. y su directiva.
Acusaciones de alto impacto
El expediente vincula directamente a Francisco Arcenio Peña Rivera y a un grupo de socios y vinculados de la empresa, acusándolos de cometer fraudes notariales. Entre los delitos atribuidos, que suman varias violaciones al Código Penal y a la Ley 140-15 del Notariado, figuran falsedad en escritura y asociación de malhechores. Los familiares del fenecido Ozuna De Sena, representados por un cuerpo legal constituido, mantienen una lucha constante para recuperar el control jurídico del terreno en disputa.
El reto de la jurisdicción internacional
Uno de los mayores desafíos en este proceso ha sido la localización de los implicados. Documentos oficiales emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX) revelan que el Estado dominicano, a través del Consulado en Orlando, Florida, ha ejecutado un estricto proceso de notificaciones para garantizar que los ciudadanos Francisco Arcenio Peña Rivera, Damaris de la Fe Peguero Bejarán, Ana Peguero Bejarán y Albert Arcenio Peña Abreu estén al tanto de los emplazamientos judiciales realizados por la Fiscalía de Santo Domingo Este.
El Noveno Juzgado de la Instrucción ha reprogramado la audiencia para el venidero 7 de octubre de 2026. A medida que se acerca la fecha, la presión aumenta para los imputados, quienes deberán responder ante la justicia dominicana tras haber sido notificados de manera oficial, incluso en su residencia en los Estados Unidos.
El caso, que involucra bienes del Distrito Catastral No. 6, pone de relieve la importancia del peritaje forense para desmantelar estructuras que se valen de documentos espurios para alterar derechos de propiedad. La comunidad legal permanece atenta a la audiencia, que promete definir el futuro de la parcela en litigio y la responsabilidad penal de los involucrados.
