Por: Martin Restituyo.
Santo Domingo. – Representantes de empresas operadoras de bancas de apuestas deportivas legalmente establecidas en el país plantearon su posición sobre el proyecto de Ley General de Juegos de Azar que actualmente estudia el Senado de la República, al considerar que la iniciativa requiere una revisión más amplia antes de su aprobación.
La posición fue presentada luego de un encuentro con el doctor Quico Tabar, coordinador del Consejo de Seguimiento del Plan de Regularización de Juegos de Azar, durante el cual se les invitó a suscribir un documento de respaldo al proyecto legislativo remitido por la Cámara de Diputados.
Los representantes del sector informaron que prefieren que la propuesta sea objeto de un proceso de análisis más profundo y participativo.
Entre las principales inquietudes expuestas, señalaron que el proyecto podría propiciar una mayor expansión de los juegos de azar electrónicos y virtuales en espacios de libre acceso, lo que, a su juicio, dificultaría los mecanismos de supervisión por parte de las autoridades competentes y aumentaría los riesgos para la protección de niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, manifestaron que la iniciativa requiere disposiciones regulatorias más claras para evitar interpretaciones que puedan dar lugar a la validación de licencias cuestionadas y garantizar condiciones de equidad para todos los actores de la industria.
También expresaron preocupación por el tratamiento fiscal previsto para determinadas modalidades de juegos electrónicos y virtuales.
Los operadores reiteraron que respaldan la actualización del marco legal que regula los juegos de azar en la República Dominicana, siempre que el proceso legislativo garantice transparencia, igualdad de condiciones, seguridad jurídica y una regulación eficaz que fortalezca el sector sin afectar el interés público.
Finalmente, hicieron un llamado a que el proyecto sea objeto de una evaluación integral antes de su aprobación, con la participación de todos los sectores involucrados, a fin de construir una legislación moderna, equilibrada y que contribuya a la protección de las finanzas públicas, la convivencia social y el bienestar de la familia dominicana.
