Por: Martin Restituyo
Los Alcarrizos, R.D. – Los ediles Manuel Lazala y Benjamín Díaz Benítez, del Partido Fuerza del Pueblo, sometieron formalmente una acción de amparo de cumplimiento contra el alcalde Danilo Rafael Santos (Junior Santos) y el Ayuntamiento Municipal de Los Alcarrizos, por un supuestamente irregularidades administrativa, discriminación y burla a las leyes y a la Constitución de la República.
Según denunciaron los ediles, el municipio vive bajo un régimen autoritario disfrazado de gestión municipal, donde el alcalde actúa como si fuera “ley, batuta y constitución”, ignorando las resoluciones de la Sala Capitular y soslayando los derechos de los regidores que ejercen su función de fiscalización.
*Principales atropellos de la gestión del alcalde Junior Santos son:*
La oposición reiterativa de *rendir cuentas sobre los gastos del plan de emergencia* aprobado por la Sala Capitular.
Bloqueo al Contralor Municipal, a quien se le prohíbe el acceso a los sistemas financieros del cabildo para ocultar ingresos y egresos.
Uso abusivo y selectivo de los fondos públicos, aplicando la Resolución 072/2025 solo a funcionarios y regidores de su círculo político, mientras se excluye de manera discriminatoria a los regidores Lazala y Díaz.
“Esto no es un simple incumplimiento administrativo, esto es una agresión descarada a la democracia local y a la transparencia. El alcalde se ha convertido en un obstáculo para la institucionalidad y en un enemigo de la rendición de cuentas”, advirtió, el regidor opositor Manuel Lazala.
La acción de amparo interpuesta exige que el Tribunal Superior Administrativo ordene al alcalde abrir las cuentas del ayuntamiento, respetar las resoluciones de la Sala Capitular y cesar la discriminación política.
“Lo que está pasando en Los Alcarrizos no es un problema solo del Concejo con la administración, sino un problema de todo Los Alcarrizos, que sufre las injusticias de un alcalde que se cree dueño del municipio. Las leyes son para todos”, manifestó Benjamin Diaz, regidor de la Fuerza del Pueblo.
Con esta acción, los regidores reafirmaron su compromiso con el pueblo, de defender la legalidad y la transparencia frente a una administración municipal que, según ellos, ha perdido toda credibilidad y gobierna a espaldas de la ciudadanía.
