Por: Rogel Soto
Durante un debate académico en la UASD, el jurista Carlos Mesa defendió la implementación de dispositivos de grabación como una herramienta esencial para esclarecer actuaciones policiales y proteger los derechos fundamentales.
SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La modernización de los protocolos policiales y el fortalecimiento de la transparencia en la fuerza pública dominicana han cobrado un nuevo impulso. El pasado lunes 12 de octubre, el destacado jurista Carlos Mesa presentó una propuesta que busca revolucionar la supervisión de las intervenciones de seguridad: la implementación obligatoria de cámaras corporales en los agentes de la Policía Nacional.
El planteamiento fue expuesto en el marco del primer encuentro de la Línea de Debates Académicos sobre Criminalidad, Política Criminal y Sistema Penitenciario, un evento organizado por la Asociación de Profesores de Ciencias Jurídicas y Políticas (ASOPROJURyPO) y celebrado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
Un mecanismo contra la opacidad
Mesa fue enfático al señalar que el registro audiovisual es un mecanismo necesario para documentar los operativos y esclarecer situaciones que históricamente han generado tensiones, haciendo referencia directa a los cuestionados «intercambios de disparos».
Para el jurista, el uso de la fuerza policial no debe ocurrir en un vacío de discrecionalidad. Según sostuvo, este tipo de tecnología serviría para tres objetivos clave:
Fortalecer la transparencia: Permitir una fiscalización real del accionar policial frente a la ciudadanía.
Proteger el debido proceso: Facilitar la verificación de los hechos mediante evidencia objetiva ante presuntas irregularidades.
Seguridad jurídica: Resguardar tanto los derechos ciudadanos como la integridad y legalidad del trabajo de los propios agentes ante acusaciones falsas o falta de pruebas.
Debatir sin vulnerar derechos
La jornada académica también contó con la participación de los juristas José Manuel Mesa y Manuel de Aza, quienes analizaron el panorama actual desde perspectivas sociales e institucionales. El consenso del panel giró en torno al reto de la modernización: cómo combatir la criminalidad de forma eficaz sin sobrepasar los límites de las garantías constitucionales.
Con esta propuesta, Carlos Mesa sitúa el debate sobre la seguridad ciudadana en un nivel tecnológico donde la rendición de cuentas no dependa exclusivamente de los testimonios, sino de la preservación técnica de la verdad. La medida busca, en última instancia, reconstruir la confianza entre la ciudadanía y la institución del orden en un Estado de Derecho que demanda estándares cada vez más rigurosos.
