POR: ORLANDO ARIAS
Abogan no desaparezca el Instituto Agrario Dominicano
Santo Domingo. – En ocasión del 63 aniversario de la Reforma Agraria, importantes organizaciones campesinas del país alzaron su voz para denunciar lo que consideran una grave amenaza contra los derechos adquiridos por miles de familias rurales, como consecuencia de medidas gubernamentales que, aseguran, buscan eliminar el histórico proceso de Reforma Agraria.
La Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas (FEDELAC) y la Central Nacional de Unidad Campesina y Agricultores (CENUCAD) advirtieron que más de 60 años de avances sociales podrían desmoronarse con la emisión del Decreto 115-25, el cual dispone la disolución del Instituto Agrario Dominicano (IAD), institución clave para la promoción y sostenimiento de los asentamientos agrarios en el país.
En una rueda de prensa, expresaron su alarma por la emisión de dicho Decreto, que en su artículo 2 dispone la eliminación del IAD, calificándolo como “un error histórico” que pone en peligro la seguridad jurídica de miles de parceleros.
“Con este decreto, funcionarios cercanos al presidente Luis Abinader están promoviendo una conspiración contra los derechos adquiridos de los campesinos. Se trata de una trampa institucional que solo generará inseguridad jurídica para miles de familias, provocando consecuencias tan graves o peores que las que enfrentamos actualmente con la delincuencia en nuestras calles y campos”, afirmaron los voceros de ambas entidades.
Los representantes campesinos consideran que esta institución, el IAD tiene una función social que no puede ser asumida por el Ministerio de Agricultura, al que acusan de ineficiencia y de responder a intereses oligárquicos.
“Es como poner un banco de sangre en manos de Drácula. Ese Ministerio no ha demostrado la más mínima capacidad para desarrollar el agro nacional. De no ser por la agricultura privada y los asentamientos agrarios, hoy la seguridad alimentaria del país estaría en crisis”, expresaron.
Ejemplos de abandono y malas prácticas
Como prueba de sus afirmaciones, citaron el fracaso del programa Siembra RD, que aseguran fue abandonado por falta de apoyo económico; el descuido total de proyectos como La Cruz de Manzanillo, el D-1 ganadero de Isura (Azua) y el proyecto de Oviedo (antigua Algodonera); y acciones que calificaron como atropellos contra pequeños productores, incluyendo la ocupación irregular de parcelas del IAD y la destrucción de sembradíos para favorecer negociaciones con empresas privadas.
Además, denunciaron la autorización de importaciones durante la cosecha nacional, como ocurrió en 2024 con la cebolla, lo que provocó la quiebra de productores locales al desplomarse los precios. A esto se suma una millonaria deuda con propietarios de tractores que prestan servicios al Estado y que, aseguran, han sido dejados sin pago durante meses.
“¿Es con esta conducta que se pretende lograr la eficiencia del IAD? Lo que está en juego es la seguridad alimentaria nacional, porque el Ministerio se ha convertido en un centro de negocios para grandes hacendados, importadores y agroimportadores. Mientras tanto, nos hacen creer que producimos el 90% de lo que consumimos, cuando en realidad importamos leche, quesos, carnes, mariscos, frutas, papas, café, habichuelas, ajo y un sinfín de productos”, afirmaron.
“La paciencia de los parceleros se agota”
Los líderes campesinos también denunciaron que, incluso antes de la entrada en vigencia del decreto, ya se habían congelado las cuentas del IAD, paralizando servicios fundamentales como la compra de combustible para apoyar la producción agrícola. Asimismo, acusaron a funcionarios de haber suspendido la entrega de títulos provisionales, lo cual es la base legal para que los parceleros puedan obtener sus títulos definitivos.
“Ese grupo de funcionarios, sin partido, sin religión y sin patria, solo busca repartirse el patrimonio
