Por: Martin Restituyo
El comercio organizado de la República Dominicana expresó este martes su rechazo categórico a la Ley 98-25, que modifica la Ley 225-20 sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos, al considerarla inconstitucional, desproporcionada y altamente perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
La posición fue fijada durante una asamblea nacional encabezada por la Federación Dominicana de Comerciantes Inc. (FDC), junto al Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), CODOPYME, FENACODEP, FENAPYME y otras entidades representativas del sector.
Denuncian cargas “arbitrarias” contra las MIPYMES
Según explicaron los dirigentes, la nueva legislación viola el principio de proporcionalidad al imponer a las MIPYMES contribuciones similares a las de las grandes empresas. Indicaron que las microempresas con ventas anuales de hasta RD$11.4 millones, que antes pagaban RD$5,000, pasarán a pagar RD$20,000 en 2026. En conjunto, este segmento elevará su contribución de RD$1,161 millones a más de RD$4,649 millones.
Las pequeñas empresas, con ventas de hasta RD$77 millones, pasarán de pagar RD$90,000 a RD$260,000 anuales, mientras que las medianas empresas verán incrementos de RD$260,000 a RD$675,000. En contraste, señalaron que empresas con ingresos de hasta RD$25 mil millones terminan pagando montos similares a los de una MIPYME.
De acuerdo con los datos presentados, las recaudaciones por esta ley pasarán de RD$7,736 millones en 2025 a RD$22,701 millones en 2026, un aumento de RD$14,964 millones, de los cuales las MIPYMES asumirán el 88.35 %, pese a representar el 98.51 % del tejido empresarial del país.
“Contribución voluntaria obligatoria”
Otro de los principales cuestionamientos es que la llamada “contribución voluntaria obligatoria” no constituye un impuesto, pero es cargada a las cuentas de los contribuyentes en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), generando recargos, intereses y bloqueos para obtener certificaciones fiscales, situación que calificaron de inconstitucional.
Además, denunciaron un doble pago, ya que las empresas también deben cubrir el servicio de recogida de residuos sólidos a los ayuntamientos.
El sector otorgó un plazo hasta febrero al Congreso Nacional para que los montos sean revisados y devueltos a los niveles establecidos en la Ley 225-20. De no producirse cambios, advirtieron que convocarán a un cierre general del país por 48 horas.
Denuncias por competencia desleal
Durante la asamblea, los comerciantes también denunciaron una creciente competencia desleal por parte de comercios de origen chino y de grupos empresariales locales, a los que acusan de evadir impuestos, violar normas laborales y operar al margen de la ley.
Afirmaron que muchos de estos establecimientos no emiten comprobantes fiscales, operan mayormente en efectivo, no pagan la Seguridad Social ni cumplen con el Código de Trabajo, además de presuntas irregularidades en las declaraciones aduanales.
No obstante, expresaron su respaldo a las fiscalizaciones realizadas por la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED) y el Ministerio de Trabajo, y exhortaron al nuevo director de la DGII, Pedro Urrutia, a iniciar auditorías profundas a estos comercios.
Farmacias y competencia interna
El sector farmacéutico afiliado a la FDC también manifestó preocupación por la competencia desleal de un grupo empresarial que, según indicaron, ha incrementado sus ventas hasta los RD$25 mil millones en una década, ofreciendo descuentos que consideran insostenibles para el resto del mercado. Más de 4,000 farmacias, aseguraron, están en riesgo de desaparecer.
Alerta por reforma al Código de Trabajo
Finalmente, el comercio organizado alertó sobre la modificación al Código de Trabajo aprobada en el Senado, alegando que atenta contra la estabilidad del sector, principal generador de empleos del país. Reclamaron la implementación del seguro de desempleo contemplado en la Ley 87-01 y advirtieron que la cesantía laboral sigue siendo un obstáculo para la creación de nuevos empleos.
“El comercio tiene la fortaleza de convocar un paro nacional”, advirtieron los dirigentes, quienes reiteraron que esperan no tener que llegar a ese escenario, pero insistieron en que las leyes deben proteger a las mayorías y no a minorías privilegiadas.
