Por: Rogel Soto
_Urge a profesionales conocer el alcance del nuevo Código Penal_
La presidenta de la Asociación Nacional de Abogados y Abogadas Independientes (ANAI), doctora Carmen Herrera, deploró la desventaja que enfrenta la mujer en los procesos de escogencia para las altas cortes, especialmente para la Suprema Corte de Justicia, y abogó por mayor equidad al seleccionar a los jueces que ocuparán las plazas vacantes de esa instancia.
La experta en asuntos migratorios y derecho de familia destacó que el país ha sido testigo del dominio, la destreza y la profesionalidad de numerosas abogadas evaluadas. Citó los casos de las magistradas Doris Pujos y Yokairi Morales Castillo, quienes, según señaló, demostraron excelentes competencias durante sus evaluaciones.
Al pronunciar el discurso de apertura del Primer Congreso sobre las Nuevas Normativas del Código Penal Dominicano y su Impacto en el Derecho de Familia y Migratorio, organizado por ANAI, Herrera aseguró que la mujer dominicana demuestra cada vez más su capacidad para ejercer cualquier labor profesional.
Sostuvo que, en el ámbito de la justicia, existen elementos suficientes para que candidaturas como las de estas magistradas sean tomadas en consideración.
Asimismo, agradeció a la junta directiva de ANAI y al equipo de trabajo el esfuerzo que hizo posible la realización exitosa del evento.
Por otra parte, consideró vital que los diferentes sectores profesionales conozcan el alcance del nuevo Código Penal dominicano para prevenir actuaciones que puedan comprometer su responsabilidad penal y afectar su ejercicio profesional. Advirtió que los desafíos de la normativa requieren formación y una comprensión clara de sus consecuencias.
En iguales términos se pronunció el licenciado Carlos de Jesús Rivas Herrera, quien coincidió con la presidenta de ANAI en señalar el impacto del nuevo Código en el derecho de familia y migratorio, así como la incidencia de los procedimientos penales en materia migratoria. Ambos destacaron la necesidad de comprender cómo una situación penal puede repercutir en la vida familiar y en los procesos migratorios, con consecuencias que trascienden el ámbito de una sola especialidad.
El congreso reunió a jueces, fiscales, abogados, estudiantes de Derecho y profesionales de distintas áreas para examinar los retos de aplicación de la Ley 74-25 y sus implicaciones en el ejercicio profesional.
De su lado, el magistrado Dante Castillo Medina, procurador fiscal de corte, abordó las consecuencias penales para los profesionales del periodismo y la comunicación social. Explicó que no toda expresión pública ni toda publicación en medios o redes sociales constituye una infracción, pues deben examinarse los elementos que configuran cada conducta.
Defendió una aplicación de la normativa que preserve la libertad de expresión y promueva comunicadores responsables, ciudadanos informados y una justicia que proteja los derechos sin sacrificar las libertades fundamentales.
Por otra parte, la magistrada María Hernández García examinó los aspectos novedosos relacionados con la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Su exposición puso el foco en las disposiciones destinadas a proteger a esta población y en la importancia de que quienes intervienen en su atención, representación y protección conozcan el alcance de la normativa y los desafíos de su aplicación.
En tanto, Chanel Liranzo Montero desarrolló el tema de las consecuencias, los riesgos y el cumplimiento de las personas jurídicas. Explicó que las empresas pueden enfrentar responsabilidad penal por conductas ilícitas previstas en la normativa, con sanciones y multas según corresponda. Su análisis destacó la importancia del cumplimiento legal dentro de las organizaciones y de identificar los riesgos asociados a sus operaciones y decisiones.
A su vez, el doctor Gilberto Objío Subero analizó el régimen de consecuencias para los profesionales de la salud, con énfasis en el riesgo penal del acto médico, la determinación de responsabilidades y las consecuencias de las malas prácticas. Abordó el deber de proteger al paciente y a su familia, así como la necesidad de comprender las obligaciones que acompañan el ejercicio de la medicina ante el nuevo marco penal.
En otro orden, el doctor Duarte Canaán presentó las novedades relativas a la violencia, la invasión y la ocupación de la propiedad privada inmobiliaria, además de la estafa y otras infracciones afines contempladas en la Ley 74-25. También examinó las dificultades de los procedimientos de ejecución ante la jurisdicción inmobiliaria, especialmente los trámites para obtener autorizaciones frente a violaciones de la propiedad privada y los obstáculos para lograr una protección efectiva.
Asimismo, la doctora Johanny Elizabeth Castillo Saberí abordó la tipificación del feminicidio, el feminicidio agravado y el feminicidio conexo, explicando la importancia de distinguir estas figuras para comprender su tratamiento penal. También desarrolló los temas de difamación e injuria y las excepciones relacionadas con asuntos públicos, aportando elementos al debate sobre la protección del honor y las libertades en cuestiones de interés ciudadano.
Por su parte, la magistrada Celeste Reyes centró su intervención en el derecho penal juvenil y su relación con la Ley 74-25, resaltando las disposiciones sobre imputabilidad establecidas en la Ley 136-03 y la importancia de comprender el régimen especializado aplicable a adolescentes. Con estos análisis, ANAI situó la formación sobre el nuevo Código Penal como una prioridad para prevenir riesgos profesionales y contribuir a una aplicación de la justicia que proteja los derechos y las libertades.
