Por: Rogel Soto
Santo Domingo, R.D. — La Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana emitió el pasado 31 de octubre de 2025 la sentencia definitiva correspondiente al expediente núm. 059-2022-EPEN-000105, mediante la cual confirmó de manera irrevocable la situación jurídica del exadministrador de la Lotería Nacional Dominicana, Luis Maisichell Dicent.
El equipo jurídico del exfuncionario sostuvo desde el inicio del proceso que no existían elementos probatorios que establecieran una vinculación objetiva y estructural entre Dicent y los hechos investigados.
Según explicaron, durante todo el proceso se argumentó la ausencia de un “hilo conductor probatorio” que conectara de manera lógica el hecho investigado, los actores procesados y su defendido.
La decisión del alto tribunal, de acuerdo con la defensa, confirma que no se logró demostrar esa coherencia estructural exigida por el derecho penal moderno entre hecho, sujeto y prueba.
Advertencias previas a querellantes y órganos acusadores
El equipo legal indicó que, en diversas etapas procesales, advirtió formalmente sobre la supuesta debilidad estructural de la acusación.
Dichas advertencias fueron dirigidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), al Estado dominicano —a través del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público— y a los querellantes privados que participaron en el proceso.
Entre los querellantes mencionados figuran representantes de distintos consorcios y empresas del sector de bancas de apuestas y servicios comerciales.
La defensa sostiene que mantener una imputación sin vinculación probatoria objetiva podría generar consecuencias jurídicas posteriores, argumento que fue reiterado antes del conocimiento del juicio de fondo.
Dimensión institucional y debate público
El caso tuvo amplia cobertura mediática y generó debate en la opinión pública.
La defensa de Dicent afirmó que se produjo una exposición pública que, a su juicio, no encontró sustento definitivo en los tribunales.
Juristas consultados señalan que procesos de alto perfil suelen desarrollarse bajo fuerte presión mediática, lo que plantea el desafío de equilibrar transparencia, derecho a la información y respeto al debido proceso.
Presunción de inocencia y estándares constitucionales
La presunción de inocencia es un principio consagrado en la Constitución dominicana y en tratados internacionales de derechos civiles y políticos suscritos por el país.
La responsabilidad penal requiere la demostración clara de la vinculación entre conducta y resultado, bajo estándares probatorios estrictos.
Con la decisión definitiva de la Suprema Corte, el proceso judicial contra Luis Maisichell Dicent queda formalmente cerrado en esta instancia, marcando un precedente relevante dentro del sistema de justicia penal dominicano.
El caso reabre el debate sobre los límites de la acusación pública, el rol del Ministerio Público y la necesidad de fortalecer la institucionalidad para garantizar procesos sustentados en rigor técnico y respeto pleno al Estado de Derecho.
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