Por: Martin Restituyo
Santo Domingo Norte. – La abogada Surelys Made denunció que depositó una instancia ante el Abogado del Estado en oposición a la autorización de una orden de desalojo que afecta la parcela 23, correspondiente a la provincia del Distrito Catastral 17, ubicada en el sector Marañón II de Santo Domingo Norte.
Según explicó, la medida resulta improcedente debido a que aún existen litis abiertas en la jurisdicción inmobiliaria, pendientes de fallo definitivo, sobre la titularidad de dichos terrenos. La jurista recordó que en ese mismo lugar, hace aproximadamente dos años, fueron desalojadas alrededor de tres mil familias que alegaban haber adquirido de buena fe a los propietarios originales.
Made indicó que el conflicto surge a raíz de un acto de venta mediante el cual la señora Rita asegura haber adquirido los derechos de propiedad del señor Valenzuela. Sin embargo, los descendientes de este último han negado haber realizado la transacción y mantienen una demanda por presunta falsificación de documentos y firmas. “Al momento de esa supuesta venta, el señor Valenzuela ni siquiera se encontraba en el país, lo cual fue demostrado con pasaportes depositados en el proceso”, puntualizó la abogada.
La jurista advirtió que la autorización del descenso y eventual desalojo constituye un atropello contra familias que han habitado esas tierras por más de 70 años, algunas con certificados de título en disputa judicial. “Lo único que han hecho esas personas es heredar pequeños terrenos de generación en generación. No es justo que se les despoje sin que haya una sentencia definitiva”, señaló.
Asimismo, denunció haber recibido amenazas en el ejercicio de su defensa. De acuerdo con su testimonio, el señor Edgar Alexander Martes Cabrera, en presencia de otros abogados, la increpó públicamente acusándola de impedir el desalojo. “Hoy mi vida corre peligro por defender el derecho de propiedad de personas humildes, cuyo único defecto es ser pobres y carecer de conocimientos legales”, afirmó.
Finalmente, la abogada exhortó a las autoridades judiciales a actuar con responsabilidad y garantizar que se respete el debido proceso. “Estamos esperando una sentencia que haga justicia. Confío en que los jueces actuarán conforme a derecho y protegerán a los más vulnerables”, concluyó.
