Por: Rogel Soto
Santo Domingo, RD. – En un duro golpe contra la corrupción administrativa, un juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso 18 meses de prisión preventiva al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados, señalados como parte de una presunta red de robo y desfalco contra el Estado dominicano.
El magistrado Rigoberto Sena ordenó que Hazim cumpla la medida coercitiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, al acoger la solicitud del Ministerio Público dentro del expediente de la Operación Cobra, un caso que ha generado gran repercusión nacional.
Junto a Hazim, también fueron enviados a prisión Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, quienes enfrentarán el proceso bajo la medida más severa del sistema penal.
En tanto, el tribunal impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y presentación periódica a Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, acogiendo de manera parcial la petición del órgano acusador.
El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), calificó el caso como complejo, al alegar la existencia de una estructura organizada para cometer delitos en perjuicio de Senasa y del patrimonio público.
La acusación fue sustentada por los fiscales Rosa García, Enmanuel Ramírez, Héctor García, Yudelka Holguín, Aurelio Valdez, Alexis Piña y Ernesto Guzmán, junto a los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Mirna Ortiz.
A los imputados se les atribuyen graves delitos, entre ellos coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación de documentos, uso de documentos falsos y lavado de activos, hechos que, de comprobarse, podrían conllevar severas condenas.
Mientras la defensa intentó frenar la prisión preventiva solicitando medidas menos gravosas, el tribunal consideró que existía peligro de fuga y gravedad de los hechos, enviando un mensaje contundente de que la justicia avanza contra la corrupción, incluso en los más altos niveles del poder.
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