Por: Pedro Martínez
Artículo de opinión
La reforma de la Policía Nacional dominicana representa uno de los principales desafíos institucionales del país. Aunque se han impulsado iniciativas orientadas a modernizar los cuerpos policiales, fortalecer la supervisión de las operaciones y mejorar las condiciones de los agentes, todavía persisten cuestionamientos sobre el uso de la fuerza, la profesionalización, la corrupción y la capacidad de investigación criminal.
Desde una perspectiva crítica, resulta necesario evaluar no solamente las medidas anunciadas por las autoridades, sino también sus resultados concretos en las comunidades, donde la ciudadanía espera una Policía más preparada, transparente y respetuosa de los derechos fundamentales.
Avances que deben consolidarse
Entre los aspectos positivos señalados en el proceso de reforma figura el seguimiento periódico a los indicadores de seguridad ciudadana mediante reuniones de coordinación entre las autoridades gubernamentales y los organismos responsables de la seguridad y la persecución del delito.
También se destacan las iniciativas de modernización institucional, los esfuerzos de depuración, las mejoras salariales anunciadas, la renovación de uniformes y vehículos, así como los cambios normativos dirigidos a fortalecer la institución. A esto se suma la publicación de estadísticas e información territorial sobre los hechos delictivos, herramientas que pueden contribuir a una mayor transparencia.
No obstante, para medir el alcance real de estos avances es indispensable disponer de datos verificables, comparaciones entre períodos equivalentes y evaluaciones independientes que permitan determinar si las medidas se traducen en una reducción sostenible de la criminalidad.
Los desafíos que todavía preocupan
Uno de los temas más delicados es el uso excesivo de la fuerza y las denuncias relacionadas con actuaciones policiales que terminan en muertes o lesiones. Cada caso debe investigarse de manera rigurosa, independiente y transparente, respetando el debido proceso y garantizando que cualquier responsabilidad sea determinada conforme a la ley.
Otro desafío es la formación de los agentes, especialmente de quienes realizan labores de patrullaje y mantienen contacto directo con los ciudadanos. La preparación policial debe incluir conocimientos jurídicos, derechos humanos, mediación de conflictos, manejo de crisis y técnicas de intervención proporcionales a cada situación.
Asimismo, las denuncias de presuntas prácticas de corrupción en las calles y durante los procedimientos de tránsito afectan la confianza pública. La reforma debe traducirse en mecanismos eficaces de prevención, recepción de denuncias, investigación y sanción de las conductas ilícitas.
En materia de investigación criminal, también resulta necesario fortalecer las capacidades técnicas y científicas, mejorar la recopilación de evidencias y ampliar la capacidad de esclarecimiento de delitos como los robos y otros hechos que afectan cotidianamente a las comunidades.
La comunicación institucional constituye otro aspecto importante. La ciudadanía y los medios de comunicación necesitan información oportuna, explicaciones claras y espacios para formular preguntas sobre los resultados de las operaciones policiales. Una comunicación abierta contribuye a la rendición de cuentas y fortalece la credibilidad de las autoridades.
Cinco propuestas para fortalecer la reforma policial
1. Establecer una formación policial más amplia y especializada.
Es necesario evaluar un programa de formación inicial de entre 18 y 24 meses, acompañado de capacitación continua y evaluaciones periódicas. La preparación debe incluir derechos humanos, legislación, psicología, resolución pacífica de conflictos, defensa personal, uso proporcional de la fuerza y técnicas de investigación. La duración y el contenido deben definirse a partir de criterios técnicos, presupuestarios y de las necesidades del servicio.
2. Diferenciar las funciones de proximidad y reacción.
La institución podría fortalecer dos líneas de servicio complementarias: una Policía de Proximidad, orientada a la prevención, la mediación y el contacto permanente con las comunidades, y unidades especializadas de Reacción, capacitadas para enfrentar situaciones de alto riesgo y estructuras criminales. Esta diferenciación permitiría asignar funciones y entrenamientos acordes con las responsabilidades de cada equipo.
3. Implementar cámaras corporales con protocolos de transparencia.
El uso progresivo de cámaras corporales para agentes y patrullas puede contribuir a documentar las intervenciones y proteger tanto a los ciudadanos como a los propios policías. Su implementación debe acompañarse de reglas claras sobre activación, almacenamiento seguro, acceso a las grabaciones, protección de datos personales y auditorías que impidan la manipulación o eliminación indebida de evidencias.
4. Fortalecer la supervisión independiente y la investigación de denuncias.
Es fundamental garantizar que las denuncias de abuso policial y las muertes ocurridas bajo custodia sean investigadas con independencia, diligencia y transparencia. Para ello, se pueden fortalecer los mecanismos de control externo, la participación de organismos competentes y la supervisión de la sociedad civil, con protocolos que establezcan plazos de actuación y publicación de resultados, respetando la privacidad y el debido proceso.
5. Evaluar el desempeño con indicadores de seguridad y confianza ciudadana.
Los incentivos profesionales no deberían depender únicamente de la cantidad de detenciones o de operativos realizados. También deben considerarse la reducción de determinados delitos, la calidad de las investigaciones, la atención a las víctimas, el cumplimiento de los protocolos y las evaluaciones ciudadanas. Las quejas deben investigarse antes de influir en cualquier reconocimiento o incentivo, garantizando criterios objetivos y justos.
Una reforma que debe sentirse en los barrios
La modernización de la Policía Nacional no puede medirse exclusivamente por la adquisición de equipos, la aprobación de normas o la celebración de reuniones de seguimiento. Su verdadero impacto debe reflejarse en la capacidad de prevenir delitos, esclarecer investigaciones, responder a las necesidades de las comunidades y actuar con respeto a la dignidad humana.
Los avances institucionales deben reconocerse cuando estén respaldados por resultados verificables, pero también es necesario señalar las deficiencias que continúan afectando la percepción ciudadana.
La seguridad pública requiere agentes mejor preparados, condiciones laborales adecuadas, supervisión efectiva, investigaciones confiables y una relación de respeto entre la Policía y la población.
La reforma policial solo podrá considerarse exitosa cuando sus resultados sean visibles en las calles y los ciudadanos puedan confiar en que quienes tienen la responsabilidad de protegerlos actuarán con profesionalidad, transparencia y apego a la ley.
Pedro Martínez es autor de este artículo de opinión.
