Por: Rogel Soto
Nélsida Marmolejos, ex directora de la Dirección de Defensa a los Afiliados, DIDA, consideró que las graves situaciones denunciadas en el Seguro Nacional de Salud, SENASA, deben ser remediadas ejemplarmente por la justicia, ya que, de ser cierto, esas irregularidades afectan a sectores sensibles, los desposeídos y amplios de la población.
Detalló que SENASA es el programa más importante de la Seguridad Social, primero, porque beneficia a las personas mas vulnerables, tiene un carácter lucrativo y en tercer lugar porque el Contributivo de esa ARS brinda más beneficios que todas las demás del mercado.
Al ser entrevistada en el programa SOCIEDAD Y SEGURIDAD SOCIAL, que producen la licenciada Isabel Acevedo y Andrés Matos, por Cinevision, la otrora lideresa sindical dijo “Ahora el deber de nosotros es mantenernos exigiendo justicia por lo que ha pasado y que contribuyamos a fortalecer una institución que vuelva a ser modelo de la Seguridad Social como era antes y vigilar que no sea privatizada”.
Resaltó que en muchos países estos programas han sido afectados por grandes escándalos de corrupción, citando el caso de MEDICA-CARE en Estados Unidos donde hasta dominicanos estuvieron involucrados con el enriquecimiento ilegal a través de maniobras fraudulentas de esos planes de salud.
Atribuye a la falta de vocación y preparación las grandes dificultades de institucionalidad, es decir, muchos de los incumbentes no tienen la experiencia política y técnica, por lo que no preparan las agendas institucionales en base a las prioridades sociales y políticas de sus cargos.
Cita como ejemplo el caso del sector Seguridad Social en cuya Ley establece que se necesita entre cinco a diez años de experiencia y la carga académica en el área para poder optar por un cargo, lo que según ella no se ha cumplido en casos e instituciones muy importantes del área.
SOBRE LAS PENSIONES.
Sobre el futuro problema de los montos bajos de las pensiones, considero que debemos aprovechar la modificación de la Ley 87-01 para disminuir las grandes ganancias de las Administradoras de los Fondos de Pensiones, AFP, y aumentar el capital de los afiliados, igual que se debe modificar las formas de distribución de los fondos ahorrados por los afiliados.
Dijo que también que urge la modificación de la Ley 379-81 que rige las pensiones del sector público, porque la forma de pensionar al servidor público es injusta en dos razones básicas: primero porque si un empleado no tiene 20 años en el servicio no tiene derechos, es decir, sin tiene 19 años y 11 meses no tiene derecho a pensión, tampoco le devuelven todo ese dinero que usted aportó durante ese largo tiempo que trabajo.
En este caso, que el Estado se apropia de esos recursos ahorrados por los empleados públicos sugiere el establecimiento de una escala de tiempo y en cada caso se le devuelva la cantidad de forma proporcional.
La otra injusticia es que las pensiones están calculadas de acuerdo al salario mínimo y, mientras no se aumente el monto de ese salario, el servidor recibirá una pensión pírrica. Lo mismo que si usted gana un salario superior a ocho salarios mínimos, no lo pensiones con su último sueldo devengado, sino con ocho veces el salario mínimo. Y eso, el empleado debe tener 60 años de edad y 30 en la administración pública, lo que considera una enorme injusticia.
Respeto a los fondos del Instituto Dominicano de Prevención y Protección a Riesgos Laborales, IDOPPRIL, aclaró que esta institución tiene muchos recursos “ociosos” debido a que castiga a los afiliados con pensiones pírricas, de muy bajo monto, debido a que una Resolución del Consejo de la Seguridad Social, CNSS, redujo de 10% como dice la Ley a 4% de diez salarios mínimos las pensiones para discapacitados de dicha institución.
Otra injusticia con estas pensiones sucede a la persona afectada se le va posponiendo la aplicación de la misma hasta lograr que en muchos casos cuando le corresponde beneficiarse ya el tiempo se ha vencido por trucos empleados y no le entregan la pensión al afectado.
Destaca la ineptitud de IDOPPRIL en implementar campañas de prevención de riesgos, no se aplica la capacitación al afiliado ni se le brinda educación, por eso tiene dinero guardado que debería ir a beneficiar a los afiliados de la Seguridad Social, es decir, esa institución no desarrolla política de prevención de accidentes. .
Finalmente reiteró que el traspaso de esos fondos de Idoppril a otros órganos del Sistema es ilegal, por lo que sugiere modificar la Ley para que se pueda realizar esa transferencia.
