Por: Rogel Soto
El Director de Persecución, Wilson Camacho, destaca acciones dispuestas por la procuradora Yeni Berenice Reynoso para impedir impunidad en el Caso Jet Set
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público sustentó con más de un centenar de pruebas la solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario contra Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias al poner en riesgo la vida de los empleados y el público que acudía al Jet Set Club, cuyo techo se desplomó la madrugada del pasado 8 de abril producto de sus múltiples inobservancias y violaciones a los controles técnicos, provocando la muerte de 235 personas y más 180 heridos.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, procurador adjunto Wilson Camacho, resaltó que desde el primer momento en que se registró el lamentable hecho, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todas las medidas necesarias para que se realizara una investigación seria que impidiera que haya impunidad en este caso.
“Desde el primer momento en que se registraron estos hechos la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso todo lo necesario para que realicemos un trabajo serio que asegurara que no haya impunidad en estos hechos que han generado un duelo colectivo en República Dominicana”, dijo Camacho, al ser abordado por periodistas en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Recordó que la muerte de 235 personas que dejan en la orfandad a decenas de niños y provocan dolor entre familiares y amigos, al tiempo que consterna a toda la población dominicana, es la consecuencia del comportamiento de los imputados Antonio y Maribel Espaillat, quienes “fueron negligentes, irresponsables y tuvieron un comportamiento que evidencia una muestra absoluta de desprecio a la vida humana”.
Dijo además que todo eso está contenido en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público en este proceso y soportado en más de 130 medios de pruebas que dan fe de cada unas de las afirmaciones que ha realizado el órgano acusador.
“Esperamos, en consecuencia, que el tribunal acoja la solicitud presentada consistente en prisión preventiva para Antonio Espaillat y prisión domiciliaria para Maribel Espaillat”, sostuvo.
Definió la intimidación de testigos como un hecho corroborado en el proceso y un elemento que permite al tribunal verificar el peligro procesal de los imputados, lo cual robustece la postura del Ministerio Público para solicitar prisión preventiva y domiciliaria.
Sobre la calificación jurídica que ha presentado el Ministerio Público, indicó que contempla las acciones legales que han depositado las víctimas.
Al responder una pregunta alusiva al arraigo de los imputados, Camacho explicó que este caso dejó 235 fallecidos, más de 180 heridos y más de 130 niños huérfanos, niños que tenían antes del 8 de abril su vida asegurada y que ahora tienen un futuro incierto porque dos personas decidieron poner sus intereses económicos y personales por encima de la vida humana.
En la audiencia, el procurador adjunto Camacho estuvo acompañado por los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Magalys Sánchez, Héctor García, Enmanuel Ramírez y Miguel Collado. El juez Rigoberto Sena, de la Atención Permanente, acogió una solicitud de los abogados para preparar su medio de defensa y aplazó el conocimiento de la medida de coerción para el próximo miércoles, a partir de las 11:00 de la mañana.
En la instancia depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el Ministerio Público solicita las medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
